por Silvana Ferreyra
@SilGFerreyra
El índice de Transparencia Internacional es utilizado para identificar niveles de corrupción en distintos países. Esta ONG la define como el abuso de poder por parte de un funcionario público, encomendado para beneficio personal. El indicador está construido a partir de la percepción sobre la presencia o no de actos corruptos que tienen un grupo de expertos y empresas de distintos países. Esa medición, junto a otros elementos, ha fortalecido la asociación entre corrupción y países periféricos, donde los latinoamericanos ocupamos un lugar destacable.
Como contrapunto, los estudios históricos sobre la acusación de corrupción política nos muestran que la percepción sobre lo corrupto se modifica en distintas épocas y culturas, pero también acorde con los intereses de los actores. Lejos de impulsarnos hacia un relativismo moral, estos trabajos resultan interesantes para desnaturalizar algunas definiciones hegemónicas, cuyo carácter contingente e intencionado nos ayuda a revelar. Así, por ejemplo, podemos preguntarnos sobre las razones por las que se ha asociado fuertemente la corrupción al ámbito político y se ha desplazado la atención de las irregularidades en el mundo empresarial.
Bajo esa lógica, una contribución importante de la comunidad de colegas que ha llevado adelante estudios empíricos sobre el tema, ha sido el énfasis en las paradojas que se abrieron al pensar en la relación entre corrupción y modernización. En esta línea, Jens Ivo Engels y Frederic Monier, dos historiadores que se han especializado en este campo, destacaron que la lucha contra la corrupción no fue sólo un instrumento en la crítica al Antiguo Régimen, sino también un arma utilizada por las fuerzas políticas antiprogresistas y antidemocráticas. Así, en algunos trabajos mostraron como en Alemania fueron los escándalos de corrupción alimentados por la prensa de derechas los que desestabilizaron la República de Weimar. En otros, enfocados en Francia a inicios del siglo XX, evidenciaron como un simpatizante de la democracia como Jean Jaurés, renunciaba a una comisión de investigación judicial sobre la supuesta corrupción en la República.
En mi trabajo de investigación sobre las comisiones investigadoras que instauró el golpe de estado que derrocó al peronismo en Argentina a mediados del siglo XX, pude advertir las contradicciones de un gobierno que denunció la corrupción como síntoma del totalitarismo y defendió las banderas del liberalismo, mientras que instauraba una dictadura militar. Más cerca en el tiempo, la judicialización de la política (o lawfare) que se ha instalado como un fenómeno en gran parte de América Latina, también puede ser leída en esa clave. En estas experiencias, la acusación de corrupción ha legitimado la transición de gobiernos “neopopulistas”, “progresistas” o de “centroizquierda” -según la etiqueta que se prefiera- por expresiones más cercanas al “neoliberalismo” o “conservadoras”.
No obstante, tampoco parece inteligente reemplazar la asociación entre lucha contra la corrupción y virtud cívica por un nuevo esencialismo, que la anticipe como bandera para el ataque de causas populares. La lección que nos deja el enfoque histórico sobre la corrupción política es precisamente la de indagar en las prácticas y representaciones, donde otrxs se han preocupado por medir y ponderar según apriorismos. ¿Qué pasa cuando un régimen se embandera con la lucha anticorrupción y después es acusado de corrupción? ¿Qué usos efectúan los actores de la denuncia? ¿Qué prejuicios y estereotipos nacionales existen sobre lo corrupto? ¿Cómo se articulan los antagonismos políticos con la lucha contra la corrupción? Desandar las asociaciones lineales entre corrupción y populismos o corrupción y periferias, en diálogo con las tensiones que se han descripto entre corrupción y modernización, podría ser un camino productivo para seguir.
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