por Jeremías Silva
El 17 de octubre de 1946 el General Juan Perón, electo presidente en febrero de ese año, visitó el principal establecimiento carcelario de Argentina: la Penitenciaria Nacional ubicada en la Capital Federal. Ese día se conmemoraba el primer aniversario de la masiva movilización de trabajadores que lo catapultó al poder. La participación de Perón, en una fecha clave para la liturgia peronista, exhibía el lugar que ocupaba la cuestión carcelaria en su gobierno. En su alocución el presidente señaló:
“Aspiramos a que cada cárcel, lejos de ser un lugar de oscuro confinamiento, sea una verdadera escuela de readaptación de los hombres. Buscamos que aprendan a trabajar, que se hagan útiles y que estén aquí sólo cursando una etapa de enseñanza para llegar a ser hombres útiles a la sociedad”
La concepción del trabajo como instrumento de reeducación de los penados distaba de ser original. Ya el primer Código Penal de 1886 definía su obligatoriedad para diferentes tipos de penas. Por ello, desde fines de siglo XIX diferentes funcionarios se abocaron, con distinta suerte, a la tarea de implantar un régimen laboral en los establecimientos carcelarios. La reforma penitenciaria peronista se insertó en esa larga reflexión sobre la importancia del aprendizaje de un oficio para los penados. Sin embargo, la gestión de Roberto Pettinato a cargo de la Dirección General de Institutos Penales (DGIP) entre 1947 y 1955, que buscaba la “dignificación histórica del penado”, logró enlazar sus políticas a favor del trabajo carcelario al programa gubernamental de desarrollo industrial. Allí radica su novedad: la capacitación de los presos estaba ahora “en consonancia con los actuales propósitos en que está empeñado el Gobierno Nacional”.
Pettinato impulsó diferentes políticas: la creación de la División Trabajo Carcelario cuya tarea consistía en organizar talleres en todos los establecimientos nacionales; el aumento del peculio de los penados; la inauguración, en 1947, de la Escuela Industrial Penitenciaria en la Penitenciaría Nacional. Ésta última buscaba la capacitación y aprendizaje de un oficio, erigiéndose como modelo para todos los establecimientos carcelarios federales. Los “certificados habilitantes” para la inserción social de los penados una vez cumplida la pena los emitía la Dirección General de Enseñanza Técnica del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Los programas de capacitación distinguían la formación laboral industrial de la agrícola en función del lugar en que estaba ubicado el establecimiento apostando a diversos aprendizajes: electromecánica, carpintería, ebanista, tipografía, sastrería, zapatería, fundición, granja, chacra, entre otros.
La política de dignificación del preso tuvo como uno de sus pilares la formación laboral en las cárceles. Ya sea como base para la futura reinserción o como sustento de las familias de los penados, el trabajo carcelario permite comprender las concepciones sobre el castigo del peronismo. Enmarcada en sensibilidades de larga data, estas medidas también exhiben las fuertes marcas de género que impregnó muchas medidas en esta área. Por caso, las mujeres que seguían bajo la guarda de la Congregación del Buen Pastor ofrecen un claro contrapunto: su educación consistía en instrucción religiosa, labores domésticas y costura. A pesar de estas asimetrías, el discurso oficial del peronismo utilizó las fotografías del trabajo de los penados para ilustrar el éxito de su reforma y la nueva realidad de las prisiones de la Nueva Argentina.
