por Emmanuel Emir Fernández Tomás
La justicia del trabajo nació en Argentina en 1944, impulsada por el entonces Secretario de Trabajo y Previsión Juan D. Perón, y empezó a funcionar al año siguiente en la Capital Federal y los territorios nacionales. Luego de este impulso inicial, las provincias crearon sus propios fueros laborales con el propósito de intervenir activamente en los conflictos suscitados entre el capital y el trabajo. Las provincias pioneras en esta fundación fueron Buenos Aires y Tucumán (1947), Salta y Jujuy (1948), Santa Fe y Córdoba (1949) y Corrientes (1950).
Nacido como un fuero obrerista, puso en tela de juicio la visión del contrato de trabajo como una relación libre entre partes iguales, postulado defendido por la concepción liberal del mundo laboral. Por el contrario, reconoció la desigualdad intrínseca entre obreros y patrones, lo que implicó asumir una función de equilibro social que otorgó a la parte débil nuevas armas –en este caso jurídicas– para demandar a los empleadores y defender sus derechos laborales. Esta flamante justicia nació para intervenir, mediar y resolver en los conflictos “individuales” pero, como veremos más adelante, sus fallos incidieron en lo “colectivo”.
Este nuevo fuero promovió el acceso de los trabajadores a los estrados judiciales, alentó la multiplicación de demandas a la patronal y la resolución de las mismas con un fuerte sentido a favor de los obreros. El impacto de la creación de los Tribunales de Trabajo en la realidad obrera fue doble. Por un lado, fueron un espacio donde patrones y obreros disputaron los diferentes sentidos de lo que entendían era “justo” en términos de la relación laboral. Por otro lado, los Tribunales se convirtieron en una instancia que ayudó a definir y construir derechos laborales, en tanto a fuerza de sentencias e interpretaciones de la ley, los jueces intervinieron activamente en la realidad laboral, demarcaron atribuciones de los empleadores, redefinieron derechos obreros e interpelaron con fuerza a los empresarios que, hasta ese momento, sobre todo en el espacio rural había actuado con relativa libertad y evitado la intervención del Estado. Entonces, si bien los fallos resolvían sobre cuestiones individuales su impacto era colectivo porque lograban sentar jurisprudencia sobre cuestiones de vital importancia para el conjunto de los trabajadores.
Por ejemplo, en el caso de la provincia de Tucumán (ubicada al norte de Argentina y con una fuerte presencia de la agroindustria azucarera), era habitual el arribo de trabajadores de otras provincias, quienes –entre mayo y octubre– llegaban para la cosecha de la caña. Una vez finalizada la zafra debían buscar trabajo en otros lugares y esperar la próxima temporada para volver a Tucumán. Frente a la indefinición del vínculo laboral con la patronal, el Tribunal del Trabajo intervino para precisar que el contrato de trabajo no terminaba con la zafra, sino que quedaba activo hasta la próxima temporada de producción. Esto implicaba reconocer la naturaleza “cíclica” de la relación laboral y suponía la obligación de los empleadores de contratar al obrero al año siguiente, quien podía demandar al patrón por despido en caso de no hacerlo. Este fallo impactó no solo en la situación del obrero que demandó, sino que dejó abierta la puerta para que otros reclamaran y obtuvieran la seguridad de ser contratados año tras año.
Así, el nuevo fuero se convirtió en un novedoso ámbito de negociación y de construcción de derechos laborales que evidenció el “poder de clase” ganado por los trabajadores durante el peronismo.
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