Mendoza y los ritos interrumpidos (Argentina, fines del siglo XIX y principios del XX)
por Rosana Aguerregaray Castiglione
En tiempos normales, los mendocinos despedían a sus muertos conforme a las tradiciones arraigadas al “buen morir”. Esto implicaba dejar en orden lo espiritual y lo material: escribían su testamento, elegían la mortaja —religiosa o civil— y pedían misas para acelerar el paso del alma al paraíso. El entierro se llevaba a cabo en el cementerio público con la presencia de los familiares, mientras los sacerdotes oficiaban oraciones por el difunto.
Pero ese orden se interrumpía cuando la ciudad era azotada por una epidemia. Durante el cólera (verano de 1886 y 1887), por ejemplo, los muertos fueron enterrados en una fosa común, rociados con cal para evitar que sus cuerpos —considerados fuente de contagio— contaminaran el aire. La individualidad del entierro, símbolo de la modernidad, quedó suspendida: la urgencia sanitaria borró los nombres, las ceremonias y hasta los registros oficiales.
En un contexto de miedo y caos, muchas defunciones ni siquiera se anotaban en el Registro Civil. En algunos certificados se omitían datos o se cambiaba la causa de muerte. La prensa de la época publicó casos de personas enterradas sin identidad, víctimas del cólera y provenientes desde el lazareto; siendo esta una de las instituciones que estaba destinada al aislamiento obligatorio de personas consideradas portadoras o sospechosas de adolecer una enfermedad infectocontagiosa.
Durante el periodo de epidemias, las medidas sanitarias se multiplicaron. Los cuerpos debían desinfectarse con bicloruro de mercurio y cal, las habitaciones permanecían cerradas hasta la limpieza oficial y los funerales se limitaban solo a los familiares más cercanos. La muerte, absorbida por el lenguaje de la medicina, se volvió una cuestión de higiene y control.
En el cementerio, el trabajo también se transformó. Cuando los sepultureros abandonaron sus puestos por temor al contagio, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Luis Lagomaggiore ordenó que los presos se encargaran de cavar las tumbas, considerando que su pérdida “no causaría perjuicio a la sociedad”. Con esta decisión quedó en evidencia la desigual valoración de las vidas en tiempos de crisis.
Otras disposiciones buscaron evitar que los cuerpos estuvieran demasiado tiempo en las viviendas: se autorizaba la inhumación antes de las 24 horas del fallecimiento. Sin embargo, no siempre se cumplió. Algunos cadáveres permanecían días sin enterrar por falta de transporte o por demoras burocráticas. También se prohibió trasladar cadáveres en carruajes públicos y se obligó a las empresas funerarias a destinar vehículos especiales para aquellos que murieron a causa de enfermedades infectocontagiosas.
Durante los periodos de epidemia, los símbolos del duelo también desaparecieron. No se permitió colocar cortinas, alfombras ni adornos en las capillas ardientes; la muerte tendió temporalmente a despersonalizarse. Los cuerpos sin ataúd fueron cubiertos con cal antes de ser enterrados. La prensa pidió incluso que se adoptara la cremación como medida sanitaria. Las peregrinaciones del Día de Difuntos fueron suspendidas: “los muertos -según un periódico de la época- permanecieron tranquilos en sus sepulcros, sin oraciones ni flores”.
Incluso durante la gripe, ya entrado el siglo XX, se mantuvieron las restricciones: las misas de cuerpo presente estaban prohibidas y los funerales se realizaban de forma rápida y discreta.
En esas circunstancias, la muerte perdió su carácter familiar y ritual. Se volvió anónima, silenciosa, sin campanas ni procesiones. Las costumbres de antaño -los sufragios, las mortajas, los rezos, la ornamentación de las capillas ardientes- quedaban temporalmente relegadas a favor de medidas de higiene y control sanitario. Así, la muerte en Mendoza durante estos periodos dejó de ser un hecho cercano y cotidiano para transformarse en una cuestión de salud pública, determinada por la urgencia y las condiciones de salubridad.