Lucía Cortez
Durante la segunda mitad del siglo XIX la provincia de Mendoza en Argentina asistía a un proceso de configuración estatal atravesado por sus condiciones geográficas. Ubicada en la diagonal semiárida se caracterizaba por tener gran parte de su superficie con rasgos propios de un territorio desértico, lo que había provocado que históricamente la población se asentara alrededor de los oasis y que el acceso al agua se transformara en un factor de desigualdad social. En este sentido, la concepción de la provincia como oasis forma parte del imaginario ambiental local; sin embargo, recientes investigaciones han problematizado esta noción al mismo tiempo que se han preocupado por considerar al oasis como una categoría económica, social y cultural, por lo tanto, construida.
En esos años posteriores a 1850 no solo se desarrolló el proceso de edificación institucional, el cual supuso la creación de nuevas oficinas estatales tanto como la reorganización de las ya existentes junto con el diseño de las reglas para su funcionamiento, sino que también se impulsaba la transformación del modelo productivo. De uno basado en la ganadería complementada con una agricultura subordinada se pasó a otro de tipo vitivinícola industrial favorecido por la estabilidad del régimen político local y los movimientos migratorios.
Se trató, entonces, de un contexto en el que se idearon nuevos instrumentos de gestión, y el territorio y el agua no estuvieron exentos de ellos. Tal fue el caso del Departamento Topográfico, establecido en 1853 a partir de un decreto firmado por el gobernador. Este acto administrativo incluía a Mendoza en la tendencia que experimentaban distintas provincias argentinas: la de contar con reparticiones burocráticas que tuvieran la capacidad de dotar a ese Estado en formación de un capital informacional para intervenir territorialmente con el objetivo de garantizar su control. Así, la flamante oficina reunía una serie de atribuciones y obligaciones que le otorgaban cierto monopolio en todo lo vinculado con la apropiación material y simbólica de la espacialidad provincial.
Pero, a la construcción territorial en tanto elemento constitutivo, se sumó la preocupación por la administración de un recurso tan escaso como el agua. Esta inquietud fue constante entre las autoridades locales durante todo el período y se manifestó a través de diversas iniciativas, las cuales incluyeron tanto la elaboración de reglamentos y leyes como la reestructuración de las reparticiones gubernamentales y de las funciones de los distintos agentes sobre quienes recaía el gobierno hídrico.
A partir de ello surgió nuestra propuesta de estudiar en profundidad la historia de las oficinas estatales, puntualmente del Departamento Topográfico y su relación con la repartición dedicada a la Irrigación. La idea ha sido ensayar una historia social del Estado con un enfoque que permita analizar lo estatal en sus múltiples dimensiones. Por un lado, en un trabajo de largo aliento hemos buscado reconstruir el “rostro humano” de aquél, desde la recuperación de las trayectorias de distintos agentes, sobre todo agrimensores, portadores de saberes especializados que ocuparon distintos cargos públicos. Por otro, nos hemos adentrado en el estudio de los recursos tierra y agua desde una perspectiva ambiental que ilumine las relaciones de poder que se generaron (y se generan hoy también) en torno a las disputas por su gobierno. Un estudio así ha tratado de restituir la complejidad social y política provincial incorporando el territorio como una variable no solo clave, sino condicionante de su proceso histórico.