Julio César Martínez Velarde
La guerra de independencia exaltó un sentimiento antiespañol, el cual se convirtió en uno de los motores de la lucha entre insurgentes y realistas. Dicho sentimiento se recrudeció al inicio de la vida independiente debido, entre otras cosas, a la conspiración del padre Arenas, quien planeaba iniciar una revuelta contra el gobierno nacional en 1827, y al intento de reconquista española en 1829, encabezado por Isidro Barradas. A lo anterior se le sumaba el no reconocimiento de la soberanía política mexicana por parte del rey de España, Fernando VII. Por ello, entre 1827 y 1833 algunos estados de la federación, entre ellos San Luis Potosí, legislaron leyes de expulsión de hispanos.
En la entidad potosina, la primera ley de expulsión de españoles se estableció el 7 de diciembre 1827. El Congreso local dispuso que todos los ibéricos llegados después de 1821, así como los solteros y los menores de sesenta años, dejaran el país. En 1829, por mandato del gobierno federal, se insistió en el destierro de peninsulares. Durante estos años, fueron declarados expulsos más de un centenar de individuos; no obstante, la antipatía contra la población ibérica continuó. La hispanofobia resurgió con fuerza a finales de 1832. Diversos funcionarios con tendencia política radical emitieron discursos, reproducidos en la prensa oficial, en contra de la presencia de españoles en el estado, en los que sugerían una nueva ley de expulsión.
Los discursos hispanófobos fueron de carácter social, económico y político. Respecto al primero, se catalogó al ibérico como el “ofensor” de los mexicanos “históricos” y contemporáneos. Así, la conquista fue condenada por Ignacio Sepúlveda, diputado local, quien consideró, en 1833, que el actuar del ejército comandado por Hernán Cortés había sido un “robo a la naturaleza humana misma”, pues los indígenas habían derramado mucha “sangre y lágrimas”. Según el funcionario, los nativos sobrevivientes se vieron sometidos a la “más cruel y dura servidumbre”, la que aún continuaba. En lo tocante al aspecto económico, los españoles fueron relacionados con la clase alta del estado, la cual era percibida como “un clan monarquista”. Esto los convertía, tal como se expuso en el periódico El Yunque de la Libertad (enero de 1833), en fomentadores del desorden, hombres que con su riqueza compraban “a muchos traidores mexicanos” que buscaban desestabilizar el orden nacional. En lo referente a lo político, los ibéricos fueron descritos como conspiradores contrarios a la independencia. El diputado José Antonio Barragán declaró en el Congreso local que los hispanos no tenían “empleo público”, pero en realidad lo mandaban “todo”. Es decir, que contaban con amplia influencia sobre algunos hombres que se desempeñaban en la vida política. Era necesario, según el diputado, una ley que expulsara a esos “gachupines” que habían prometido “a su rey destruir la nación mexicana de todos los modos”.
La tan deseada ley fue decretada el 19 de abril de 1833. Se ordenó que todos los españoles por nacimiento salieran del estado en un plazo máximo de veinte días. Si alguna persona quería ser exceptuada, debía hacer una petición formal al Congreso local. Los resultados obtenidos de la nueva disposición no correspondieron al discurso radical hispanófobo de los políticos potosinos; solo se autorizó la expulsión de una veintena de españoles. La hispanofobia en el estado, como en gran parte de la república, perdió efervescencia en 1836, cuando España reconoció a México como nación soberana. Ese año, varios ibéricos expulsados entre 1827 y 1833 volvieron a tierras potosinas.
Es factible pensar que con el establecimiento de leyes de expulsión, la clase política de San Luis Potosí buscó, primeramente, atacar los interés sociopolíticos y comerciales de los españoles avecindados en la entidad; y en segundo lugar, fortalecer un imaginario colectivo nacional, el cual era promovido desde la capital del país, en el que se representaba al ibérico como el responsable del maltrato social y económico de los mexicanos. Posiblemente, los políticos locales sabían que era imposible desterrar del estado a todos los hispanos, sin embargo, sus discursos radicales respondieron a la necesidad de consolidar y difundir un sentimiento nacionalista basado en la exclusión social.
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