Rebeldes y sediciosos: la fotografía de espionaje como instrumento para conservar la tranquilidad pública en México, 1913-1917. Parte 1

Rosa María Luna Alvarado

En el invierno del año de 1913, el cónsul de México en Arizona envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores dos fotografías tomadas en Nogales, Sonora, durante las conferencias entre Carranza y William Bayard Hale, comisionado de paz de los Estados Unidos. Estos retratos fueron archivados entre miles de fojas y legajos de la Segunda Sección de la Secretaría de Gobernación, encargada del espionaje político en contra de los opositores del régimen de Victoriano Huerta.

Venustiano Carranza, como gobernador de Coahuila, encabezaba el movimiento constitucionalista para restablecer el orden institucional y derrocar el régimen huertista. Carranza había desconocido la legitimidad del gobierno huertista, al responsabilizarlo del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez durante el golpe militar de febrero de 1913, episodio conocido como la Decena Trágica. A esta causa se sumaron diversas facciones revolucionarias: como las de Francisco Villa y Emiliano Zapata, además de grupos maderistas, orozquistas y magonistas. 

En este escenario, los agentes confidenciales, la policía reservada y los cónsules mexicanos desempeñaban labores de espionaje y vigilancia sobre dichos grupos en el norte del país y en la frontera sur de Estados Unidos. Lo anterior se explica por el constante cruce de los revolucionarios hacia territorio estadounidense, donde adquirían armas y pertrechos, celebraban las juntas revolucionarias, así como para conseguir adeptos y dinero para financiar la causa revolucionaria.

Asimismo, la Segunda Sección de la Secretaría Gobernación igualmente recibía noticias y partes informativos procedentes de las entidades federativas y de las municipalidades del Distrito Federal quienes a través de sus propias oficinas de Gobernación daban cuenta de la llegada de fuerzas villistas, constitucionalistas o zapatistas; de la toma de ciudades, poblados, haciendas y plazas;  de la destrucción de las vías de comunicación; del arribo de individuos sospechosos provenientes del país vecino, así como de la aparición de nuevos levantamientos subversivos en regiones recónditas que atentaban contra el orden y la tranquilidad pública.

Las noticias que llegaban de ambos lados de la frontera se clasificaban relativas a la de “tranquilidad pública”, noción que a inicios del siglo XX se asociaba con la convivencia pacífica, armónica y civilizada de la población, lo que permitía el desarrollo de las actividades cotidianas sin contratiempos y cuya garantía recaía en el Estado como responsable de la seguridad.  

En los archivos del gobierno mexicano, los documentos relacionados con la tranquilidad pública fueron clasificados como confidenciales y organizados bajo la clave 1.09, acompañado de un número consecutivo. En algunas ocasiones, también eran registrados como noticias del extranjero. Dichos expedientes ingresaban inicialmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se concentraba la información remitida por los consulados; posteriormente, eran enviados a la Secretaría de Gobernación y, finalmente, al Gobierno del Distrito Federal durante el periodo comprendido entre los años de 1913- 1917.

Como parte de estas labores de control y vigilancia, el espionaje desplegado por el gobierno de Victoriano Huerta contra las facciones revolucionarias carrancistas, villistas y zapatistas se concentró principalmente en la franja fronteriza al sur de Estados Unidos, particularmente en California (Calexico y Los Ángeles); Arizona (Tucson, Nogales y Douglas); Nuevo México y Texas (San Antonio, El Paso, Eagle Pass y Rio Grande), así como localidades como Mobile.

Estas actividades se extendieron al norte de México, en entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, con el fin de vigilar a los grupos rebeldes, anticipar sus acciones, detectar alianzas con estadounidenses y ubicar rutas de contrabando de armas.

En este contexto, los cónsules mexicanos encargados de vigilar a los villistas y constitucionalistas incluyeron en sus informes fotografías de los espiados. Estas imágenes permiten reconocer los rostros de los vigilados, facilitar su identificación y contribuir a su localización, ya que muchos actuaban de forma clandestina contra el régimen de huertista.

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