Andrés David Muñoz Cogaría
Durante las primeras décadas del siglo XIX, las autoridades judiciales de la Ciudad de México no buscaban únicamente encerrar a quienes cometían robos. Para jueces y legisladores, el castigo debía ser útil tanto para corregir a los acusados, como para beneficiar a la sociedad en su conjunto. Por ello, muchos hombres y mujeres condenados por delitos contra la propiedad fueron enviados a trabajar en obras públicas, cárceles y presidios. Esto es lo que he podido indagar en un estudio sobre la praxis judicial y las sentencias de trabajo en la Ciudad de México, entre 1800 y 1835 (2023).
La idea de que el trabajo podía “enmendar” a los delincuentes se fortaleció desde los últimos años del dominio español y continuó después de la independencia. Aunque el nuevo régimen republicano hablaba de libertad, ciudadanía y modernidad, mantuvo muchas prácticas heredadas del periodo virreinal. Entre ellas destacó el uso del trabajo forzado como una herramienta de disciplina social y de control sobre los sectores populares. Castigar y aprovechar el trabajo de los condenados eran, en muchos casos, objetivos inseparables.
Para muchos condenados, el presidio significaba abandonar a sus familias y enfrentar condiciones de vida extremadamente difíciles. Los jueces sabían que pocos trabajadores libres aceptaban voluntariamente esas labores, por lo que el trabajo forzado se convirtió en una solución práctica para cubrir necesidades militares y laborales. En tiempos de guerra y crisis política, esta forma de castigo adquirió todavía mayor importancia.
Las obras públicas eran consideradas un castigo menos severo, aunque también implicaban disciplina y vigilancia constante. Los presos limpiaban calles, retiraban basura, trabajaban en caminos o ayudaban en el mantenimiento de espacios públicos de la ciudad. A diferencia del presidio, estas condenas permitían que los acusados permanecieran en la capital y no fueran enviados a regiones lejanas.
Muchas de estas penas recaían sobre personas pobres, trabajadores urbanos, artesanos, indígenas o migrantes que sobrevivían en condiciones precarias. Los expedientes judiciales muestran que algunos robos estaban relacionados con la miseria, los bajos salarios o las dificultades para sostener a una familia. Sin embargo, las autoridades no interpretaban estos delitos únicamente como un problema económico, sino también como una amenaza para el orden social.
El análisis de los procesos penales de la época permite comprender las dinámicas propias de la administración de justicia. Las sentencias podían modificarse después de apelaciones y revisiones realizadas por tribunales superiores. Algunas condenas aumentaban y otras disminuían dependiendo de factores como la edad del acusado, sus antecedentes, la violencia empleada o los argumentos presentados por defensores y fiscales.
Las autoridades buscaban equilibrar la idea de castigo con la utilidad práctica del trabajo de los reos. Algunos individuos podían recibir condenas más leves si demostraban buena conducta o colaboraban con el orden dentro de las cárceles. Esto revela que las prisiones comenzaban a transformarse lentamente en espacios de castigo permanente y aprovechamiento laboral.
En consecuencia, las cárceles dejaron de ser únicamente lugares de espera mientras se resolvían los juicios. Poco a poco empezaron a convertirse en instituciones de castigo y disciplina cotidiana. El trabajo de los presos se volvió entonces una pieza importante para el funcionamiento de la ciudad y para las ideas de orden defendidas por las autoridades.
Más allá de las historias individuales, el estudio de los expedientes judiciales de archivo permite comprender las tensiones sociales de una época marcada por guerras, crisis económicas e inestabilidad política. Los robos aumentaban en contextos difíciles y las autoridades respondían endureciendo los mecanismos de vigilancia y castigo. En ese escenario, el trabajo forzado apareció como una forma de corregir, disciplinar y, al mismo tiempo, obtener beneficios materiales de la población condenada.
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