por Manuel de Jesús Arroyo Monsivais
La creación del Registro Civil vino cargada de una serie de conflictos entre la Iglesia y el Estado. La primera no estaba preparada para que se le “arrebatara” la legalidad del registro parroquial que formaba parte de la gran influencia que ésta tenía sobre la sociedad. Mientras que el segundo estaba “preparado” para establecer un nuevo orden gubernamental, dentro del cual, la Iglesia estuviera relegada únicamente al ejercicio de su ministerio, dejando las decisiones políticas, económicas y sociales al Estado mexicano. La creación de esta institución en 1859 fue una de las medidas legales que el grupo liberal utilizó como recurso para contrarrestar el poder e influencia de la Iglesia católica a mediados del siglo XIX, esto, como parte de su proyecto político de nación.
Después del Segundo Imperio mexicano, varios gobernantes locales retomaron la pretensión de consolidar el Registro Civil. Sin embargo, los problemas a los que comenzó a enfrentarse irían deteniendo esa posibilidad. En Zacatecas, el incremento de oficinas del registro del año de 1861 a 1868 propició que el estado no tuviera dinero para cubrir los gastos de oficina, así como los pagos a los jueces encargados de esta institución. En este sentido, las personas se quejaban de que en las rancherías y comunidades alejadas de las cabeceras municipales no contaban con esta dependencia, por ello, demandaban se instalase dicha instancia para cumplir con sus obligaciones registrales, ya que tenían que trasladarse a través de largas distancias y hacia otros municipios para poder hacerlo.
Otro de los obstáculos a los que se enfrentó esta institución fue la reforma a los precios de sus servicios. Las personas expresaban que en el Registro Civil las cuotas eran algo elevadas a diferencia de las que se tenían a través del registro parroquial. El estado, tratando de adecuar los costos a la población los reformaba constantemente, con el afán de acercar a la sociedad a que registrara sus actos vitales y restarle autoridad a la Iglesia ante estos hechos.
A raíz de esto, y de la situación de ruina en que se encontraba el país por la intervención francesa y el Segundo Imperio, las finanzas zacatecanas estaban en pésimas condiciones. En la legislatura del estado se discutió la posibilidad de eliminar las oficinas y los jueces del Registro Civil, con el objetivo de ahorrar en gastos, y poder canalizarlos en aspectos más urgentes y necesarios. Lo anterior se quedó sólo como un proyecto.
La falta de difusión de esta nueva institución por parte del estado y de las autoridades municipales zacatecanas fue otro problema. Tal fue la insistencia por lograr consolidar al Registro Civil que se consideró y se ejecutó la orden de hacer que la Iglesia, a través de su influencia en la población, excitara a los zacatecanos para que acudieran a registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones por la vía civil. Lo anterior llevó al clero a mostrar aún más su negativa ante esta institución.
La intervención de los sacerdotes en la conciencia de las personas a través de los sermones, el discurso sobre la pérdida del cielo y la vida eterna, la excomunión, la negación de los sacramentos, entre otras, fueron algunas de las acciones que la Iglesia implementó a todo aquel que comulgase con el Registro Civil, afectando el camino hacia su consolidación como una institución de orden liberal.
Una “guerra de religión”, la creación de una nueva institución registral respecto a los actos vitales, así como el marco del nacimiento de un nuevo orden gubernamental en México, marcó una disyuntiva entre la aceptación por parte de la sociedad de este órgano registral y regulador en materia jurídica del nuevo ciudadano mexicano. Los obstáculos siguieron apareciendo, y con ello, la obligada necesidad de supervivencia de estas dos maneras de registrar el nacimiento, el matrimonio y la muerte a mediados del siglo XIX.
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