por Verónica Ruiz Lagier
Martha Casaus escandalizó a la oligarquía guatemalteca cuando publicó su libro Genocidio, la máxima expresión del racismo en Guatemala (2009). En éste aseguró que la población indígena era una mayoría minorizada en donde el racismo ocupaba un lugar especial en la estructura social, la ciencia y la estructura política, facilitando así la ejecución del genocidio. Después de su publicación tuvo que salir del país apresuradamente, pues su propio círculo social y familiar la rechazó al develar los testimonios de altos mandos políticos y militares, que despreciaban abiertamente la población indígena.
La política militar guatemalteca conocida como Tierra Arrasada generó la muerte de cuando menos 200 mil personas en la década de los ochenta; y obligó al desplazamiento de más de 150 mil personas a Chiapas, México entre 1981 y 82. ¿Por qué no hablar de este episodio histórico en nuestro país? Se ha publicado desde diferentes instituciones, libros testimoniales y memoriales referentes a los exilios español, chileno o argentino; pero pocas veces se habla del refugio otorgado a sectores centroamericanos que participaron en procesos revolucionarios, y que impactaron también en la vida política del país. Considero que la principal razón es el racismo estructural que impide ver las aportaciones sociales y culturales de la población maya a la vida nacional.
Los refugiados guatemaltecos fueron en su mayoría campesinos mayas monolingües, que fueron vistos como un sector peligroso frente a la realidad chiapaneca, que ya gestaba para entonces, lo que conoceríamos en 1994 como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El gobierno mexicano buscó en 1983 trasladar forzosamente a los refugiados guatemaltecos hacia Campeche y Quintana Roo, para evitar que los campamentos de refugio fueran agredidos por grupos militares guatemaltecos, que traspasaban frecuentemente la frontera y acribillaban a la población. Finalmente, y no sin prácticas violentas de parte del personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), se permitió a la población refugiada optar por la naturalización, y así, no integrarse al Programa de Retorno Colectivo a Guatemala, que dio inicio en 1993 con ayuda del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR) y el acompañamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Quienes se quedaron en México se convirtieron en campesinos mexicanos sin tierra, y en chujes, akatekos y q’anjob’ales migrantes hacia Estados Unidos. Las remesas, esto es, el dinero que enviaban, permitieron comprar las tierras para cultivo, y fundar nuevas comunidades en lo que ancestralmente ha sido territorio maya, y hoy sólo se reconoce como zona fronteriza.
La generación nacida en México tuvo la posibilidad de estudiar desde sus localidades la educación básica y media básica, y con ello, migrar hacia la zona turística del Caribe mexicano. Trabajan en el sector hotelero y restaurantero que contrata a miles de jóvenes mayas cada verano. Otro sector, principalmente de población chuj, acude a la CDMX para trabajar en la construcción de grandes complejos empresariales y habitacionales en la zona exclusiva de Santa Fe. La población naturalizada hace 40 años apoyó programas de reforestación de zonas naturales; aportaron su conocimiento ancestral en cultivos agrícolas, dinamizaron la economía regional con la inyección de remesas, y actualmente dependerá de su conciencia y organización colectiva que se instalen, o no, megaproyectos que sólo sirven al sector empresarial, pero que no modifican las condiciones precarias de los pueblos mayas.
Por lo anterior, considero necesario conmemorar los 40 años del refugio guatemalteco, que son 40 años de desplazamiento forzoso, de migración, de resistencia cultural ante un Estado homogenizador que sólo los ve como mano de obra barata, y que a pesar de ello, son pueblos orgullosamente mayas.
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