por Silvia Gabriela Nassif
Hace más de 55 años se produjo un hecho que cambió el rumbo de la historia de Tucumán, una provincia del Noroeste Argentino. Pues, constituyendo la agroindustria azucarera su actividad más importante, la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973), mediante un Decreto, inició el cierre de ingenios azucareros tucumanos el 22 de agosto de 1966. Lo que implicó que, en un lapso de dos años, se cerraran 11 de las 27 fábricas existentes en la provincia junto a la eliminación de más de 50.000 empleos. Ello constituía la mitad de los puestos de trabajo que generaba la actividad, empobreciendo a su vez a los pequeños y medianos cañeros -productores de caña- y a otros sectores vinculados al desarrollo agroindustrial. Los índices de desocupación llegaron a niveles del 13,5%, contrastando con el aumento de empleos a nivel nacional. A su vez Tucumán sufrió una verdadera sangría demográfica, viéndose obligados a emigrar a más de doscientas mil tucumanos y tucumanas, equivalente a más de un cuarto de la población.
Sin embargo, como en toda crisis, no todos perdieron. Por el contrario, hubo sectores industriales que se vieron altamente beneficiados, pues a la par de la crisis económica y social en la que se veía sumergida Tucumán, la producción azucarera se concentró aún más. Así, al finalizar aquella dictadura, los ingenios tucumanos en pie producían casi un 25% más de azúcar que en 1965, pero con la mitad de los puestos de trabajos.
Para poder clausurar esos ingenios, la dictadura, encabezada en ese momento por Juan Carlos Onganía, se valió de las fuerzas represivas del Estado. Así, el día que se dio a conocer el Decreto, los ingenios se encontraban custodiados, impidiendo el paso a los trabajadores. De manera proporcional a la crisis, la clase obrera azucarera, organizada en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), y demás sectores populares, protagonizaron procesos de lucha significativos, en un momento en el que a nivel nacional se manifestaba una relativa y tensa calma.
Así, mientras el hambre cundía en gran parte de las poblaciones afectadas por los cierres, en enero de 1967, la FOTIA llamó a una huelga general a sus 55 seccionales diseminadas por el territorio provincial y a una manifestación a San Miguel de Tucumán, la capital provincial. Ello posibilitaría visibilizar el enorme malestar de las familias obreras que veían cerradas las principales fuentes de trabajo sin que se generaran nuevas fábricas, así como el empalme con el movimiento estudiantil y las y los docentes que también se encontraban en lucha.
Frente a ello, la dictadura de Onganía se propuso evitar la llegada de las y los obreros a la Capital, cueste lo que cueste, inclusive la vida de las y los manifestantes. Fue así como, el 12 de enero de 1967 en Bella Vista, localidad afectada por los cierres, la policía reprimió a la concentración, hiriendo de muerte a Hilda Guerrero de Molina, una mujer tucumana que se había puesto al frente de las luchas, organizando las ollas populares. Ese mismo día, al conocerse la noticia del asesinato de Hilda, la población de Bella Vista salió a las calles a repudiar el accionar de la dictadura, rodeando la Comisaría, prendiendo fuego a las primeras barricadas. Se produjo así, la primera pueblada a nivel nacional en contra de la política dictatorial. Este proceso de lucha abonó a los grandes levantamientos populares del Mayo Argentino del ’69, que culminaron con el Cordobazo y el debilitamiento de la dictadura a nivel nacional.
A más de 55 años de aquellos sucesos, todavía la población tucumana reclama una reparación histórica con trabajo genuino, que posibilite sacarla de la miseria y el hambre.
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