por Marcelo Jerez
Las condiciones habitacionales de la población de la provincia de Jujuy, en el noroeste de la Argentina, eran muy deficientes en la primera mitad del siglo XX. Ello se patentaba, entre otros factores, en los altos niveles de hacinamiento individual (más de cuatro miembros de una familia que dormían todos en una misma pieza). Asimismo, en 1947, sólo un 30% de las casas en Jujuy eran ocupadas por sus dueños. Este dato ubicaba al distrito entre aquellos con mayor proporción de inquilinos, no sólo de la región sino del país, únicamente superada por la ciudad de Buenos Aires. Estas tendencias reflejaban lo difícil que era la obtención de la casa propia en la Argentina y, dentro de este marco, el nivel de gravedad que asumió esta cuestión en Jujuy.
Una vez iniciado el gobierno peronista, las medidas implementadas en las principales ciudades jujeñas se vincularon con la edificación estatal de una serie de barrios obreros y el fomento a la construcción particular de casas a través de los créditos baratos otorgados por el Banco Hipotecario Nacional. En San Salvador de Jujuy fueron inaugurados dos barrios obreros: Los Naranjos y el 4 de Junio. Mientras el primero apenas superaba la docena de viviendas, el segundo vecindario era de una envergadura notable, pues estaba integrado por 138 unidades, plazas, un natatorio y consultorios médicos.
Las casas de este último barrio se emplazaban en la zona suburbana de la ciudad, eran de dos tipos: de dos y tres habitaciones destinadas a dormitorios. Todas contaban con cuartos para cocina, comedor, baño y servicios públicos completos (luz eléctrica, agua potable y cloacas). Al igual que el barrio Los Naranjos, poseían tejas a dos aguas, un frente con espacio para jardín, un cerco y un fondo reservado para el patio. Además el acto de entrega de sus títulos de propiedad contó con la presencia de Eva Perón.
El barrio 4 de Junio contempló varios espacios verdes en sus alrededores, como plazas, un parque de juegos y una plazoleta con un mástil situado en el centro mismo del conjunto habitacional. Como obras complementarias, se levantó un edificio de una manzana donde se instalaron consultorios médicos y un amplio natatorio. La ausencia de antecedentes de iniciativas similares dio a esta obra una trascendencia relevante, una magnitud hasta entonces inédita en el área habitacional de la provincia. Este vecindario, evidentemente, materializó la voluntad oficial más significativa de reforma social así como de construcción de viviendas.
Por su parte, en el interior de la provincia, la acción estatal también se plasmó en la expropiación de terrenos con el propósito de favorecer la expansión de aquellos poblados encorsetados alrededor de terrenos privados. Un ejemplo de ello lo constituían los pueblos de San Pedro y Ledesma, próximos a los ingenios azucareros La Esperanza y Ledesma respectivamente. En ambos casos se hallaban rodeados de las propiedades de dichos establecimientos pues habían surgido y crecido a la par de la expansión azucarera. Allí, además, al igual que en la zona minera, la sanción de la ley de vivienda obrera obligaba a las grandes empresas la provisión de vivienda sana e higiénica para sus trabajadores. Dicha norma se constituiría en una reglamentación relevante como inédita a nivel provincial, e incluso nacional, pese a que su implementación no estaría exenta de revisiones, tensiones y de un férreo control gubernamental para asegurar su cumplimiento. En suma, si bien el problema de la vivienda no constituyó una tarea fácil de resolver, el gobierno peronista lograba por primera vez en la provincia diseñar e implementar una política específica destinada a atender el déficit existente, hoja de ruta que, gobiernos posteriores, procurarían seguir y profundizar.
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