Negociaciones con el poder en el siglo XIX. Parte I
por Catherine Andrews
El libro El pueblo y el poder: repertorios en la formación de una cultura política. Gobernados y gobernantes en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX (Toluca: El Colegio Mexiquense, 2024) de la autoría de Regina Tapia estudia la historia política de México durante las décadas de 1840 y 1850 con énfasis en las diversas formas de participación política ciudadana empleadas por los habitantes de la Ciudad de México. Es una lectura imprescindible por diversas razones, aunque la más obvia es el enfoque en una época poco estudiada por la historiografía.
El tema al corazón de libro es cómo entender las múltiples expresiones de participación política popular durante el siglo XIX. Se ubica en el periodo largo de adaptación institucional al constitucionalismo moderno y, sobre todo, durante la expansión del liberalismo como lenguaje político dominante. Tanto el uno como el otro inventaron al “pueblo” (en singular) como actor político y, dispusieron que “lo popular” se usara como descripción de los actos de este pueblo homogéneo. Hoy día usamos ambos conceptos sin mucha reflexión, pero en el siglo XIX fueron términos en disputa.
El contractualismo que animaba el primer liberalismo decimonónico planteaba que la constitución se adoptaba por acuerdo de una comunidad política: una nación o un pueblo. Esta nación ―en palabras de la Constitución de Cádiz― se entendía como “la reunión de sus habitantes.” Entre estos habitantes, solo unos podrían ser ciudadanos y tener derechos políticos. Los ciudadanos hablarían por todos, y deberían procurarse ponerse de acuerdo para que el pueblo tuviera voz única o una voluntad general.
Como señala Carole Pateman en El contrato sexual (1988), el contractualismo moderno esconde muchas continuidades con el pasado, solapadas ingeniosamente con la división entre espacio público y privado. De modo que el ciudadano que movía en el espacio público mexicano era a la vez imaginado en términos muy similares al vecino de la monarquía española: jefe de familia, de moralidad recta, buen papá y buen hijo, y sobrio contribuyente al bienestar republicano como bien ilustra Abraham Chimal en un trabajo reciente. Los no ciudadanos ―mujeres, servidumbre doméstica a la persona, gente de capacidades intelectuales diferentes y niños― fueron consignados al espacio privado donde sus vidas se regulaban por la autoridad paternal. Se consideraba que estas personas carecían de la capacidad de incidir autónomamente en la vida pública y política, por lo que sus intereses deberían ser representados por el jefe de familia.
De esta forma, la invención del ciudadano desapoderaba a los no ciudadanos. Les cerró el acceso a poder expresar su voz a través de instancias corporativas tradicionales ―gremios y cofradías entre otras― y, en el caso de las repúblicas de indios, simplemente las desaparecieron. Aunque se suponía que los hombres anteriormente conocidos como “indios” tenía el mismo derecho de ser ciudadano como el ex vecino de la república de españoles, en la práctica las diferentes constituciones mexicanas de la primera mitad del siglo XIX intentaron excluir la mayor cantidad posible de este derecho.
Los nuevos ciudadanos también tuvieron que adaptarse a los tiempos. Las constituciones del México independiente indicaron que la participación política ciudadana tenía únicamente tres expresiones legítimas: el derecho a sufragar, ser votado y peticionar. La representación nacional (o estatal) estaba encargada a los congresos electos; aquí, los representantes elegidos por los ciudadanos deberían decidir cuál fue la voluntad de la nación en cualquier tema. Para incidir en la política, los ciudadanos formaban nuevas colectividades ―los grupos políticos en primera instancia― pero, siempre fueron vulnerables ante la crítica que su agrupación solo representaba “una parte” del pueblo. Para demostrar que hablaban en representación mayoritaria, estos grupos tuvieron que aprender movilizar los excluidos de la ciudadanía a su favor o, lo que es algo distinto, aprovechar de las movilizaciones de estos en contextos claves.
El libro de Regina Tapia nos abre nuevas perspectivas sobre cómo se dio la adaptación de la cultura política mexicana al lenguaje e institucionalidad liberal en el siglo XIX. En la siguiente entrega, hablaré de sus cuatro aspectos más importantes que estudia Tapia: las elecciones, el derecho de petición, el motín político y, finalmente el pronunciamiento.