Marisa Pérez Domínguez
En distintas coyunturas del Yucatán porfiriano ubicamos a Manuel José Sierra Méndez representando los intereses del centro, a fin de conocer e intervenir en la política regional. Oriundo de San Francisco de Campeche, provenía de un entorno familiar que le permitió acceder a las redes privilegiadas del poder. Era hijo de Justo Sierra O’Reilly y hermano de Justo y Santiago, que sobresalieron en el terreno político, literario y periodístico de finales del siglo XIX.
Sus relaciones de «paisanaje», como su cercanía con el grupo de los «científicos», a través de su hermano Justo, obraron para que accediera de manera natural a los círculos cercanos del régimen, lo que se tradujo en cargos como el de representante por el estado de Yucatán en el Congreso General y Regidor del Ayuntamiento de México (Distrito Federal) en distintos momentos, posiciones que marcaron su carrera política y le abrieron muchas puertas para incursionar, con mucha ventaja, en el ámbito de los negocios al amparo del gobierno de Porfirio Díaz.
Sin embargo, una de las encomiendas más representativas de su quehacer político fue su participación como operador/agente de don Porfirio en Yucatán. Una de ellas fue cuando comenzó a debatirse el proyecto para lanzar la iniciativa de la creación del territorio de Quintana Roo, donde Sierra Méndez, por instrucción presidencial, se condujo como observador del proceso, recogiendo las opiniones de los yucatecos con relación al objetivo propuesto.
En este contexto, el operador político del centro vio la oportunidad de hacer negocios y beneficiarse personalmente, pues obtuvo con creces fructíferas concesiones para la explotación, deslinde y colonización de una zona de terrenos situada en la región de Bacalar y el Río Hondo. De hecho, junto con su hermano Justo fueron concesionarios de numerosos terrenos en la isla de Cozumel.
De gran importancia en su papel como agente del centro fue su actuación en la coyuntura de la reelección del gobernador Olegario Molina en 1905, circunstancia que se salía del espíritu de continuismo generalizado a lo largo y ancho del país durante el porfiriato, pues en Yucatán la dinámica de la alternancia había sido bandera distintiva y motivo de «orgullo democrático» de algunos sectores del ámbito porque los relevos gubernamentales se habían realizado cada cuatro años.
En este escenario, se aprobó la reforma constitucional que permitía la reelección, lo que produjo la organización de los grupos opositores bajo el nombre de Convención Liberal Antirreeleccionista. Sierra Méndez, atendiendo a las instrucciones presidenciales, se trasladó a Yucatán con la finalidad de enviar sus opiniones sobre el proceso electoral, señalando los mecanismos de reorganización llevados a cabo por la oposición, proporcionando los detalles de sus reuniones, los nombres de los asistentes, el tamaño de la concurrencia, así como el resumen y transcripción de algunos de los discursos pronunciados por los organizadores y sus correligionarios.
En suma, la presencia en Yucatán de Manuel José Sierra Méndez resulta relevante, pues cumplió con las gestiones encomendadas de informar y trabajar en favor de las causas que eran de interés del centro. Sin embargo, no hay que pasar por alto que, a la sombra del poder que adquirió como intermediario político del centro, obtuvo grandes oportunidades y ventajas en el ámbito de los negocios.
Más allá de los resultados obtenidos por Sierra Méndez, lo que es importante resaltar es la valiosa función de la figura de los agentes/operadores del poder presidencial en las regiones, pues fueron presencias clave en la construcción de un aparato político que pervivió durante más de tres décadas, pero que han sido escasamente estudiados.
De ese aparato, que va más allá de la impronta personal de Díaz en la política local, es un ejemplo poco conocido, pero no el único entre miles de agentes que participaron en el complejo andamiaje que caracterizó al régimen.
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