por Rodrigo Gordoa de la Huerta
El 20 de octubre de 1687, el recaudador del derecho de alcabala, Gabriel Fernández, denunció ante la Audiencia de México al alcalde mayor de Tlalpujahua, Francisco de Bargas por haberlo agredido físicamente. De acuerdo con el litigio, el alcalde mayor y su hermano habían establecido un reino de terror bajo la investidura de representantes del rey. Era tal el grado de impunidad que los hermanos Bargas aseguraban de manera altanera que eran “[…] Dioses de la tierra y no había en todo el real quien no le[s] tuviere miedo.” (AGN, Indiferente virreinal, Caja 6712, exp.58, fj.1).
La denuncia señalaba a un gobierno local fraudulento en el cual, ante la lejanía de los tribunales reales asentados en la Ciudad de México, imperaban la violencia y la impunidad. El real minero distaba de ser una bucólica provincia del virreinato de Nueva España. En la boca de las minas el alcalde mayor extorsionaba a los trabajadores y a los escasos comerciantes de la localidad. Este pequeño reino de terror se extendió por cinco años. Para imponer su propia ley, Bargas contaba con un nutrido grupo de esclavos y criados mulatos e indígenas armados, quienes se encontraban al mando de su teniente Gaspar Ladrón de Guebara.
Esta localidad minera fue liberada del yugo de los Bargas Luján a partir de noviembre de 1687, cuando el fiscal de la Audiencia de México ordenó que se enviara un alguacil para aprehender a Bargas. Pese a las protestas del alcalde mayor y sus criados, Bargas y compañía fueron acreedores a una multa exorbitante: 2 mil ducados de plata (unos 2 750 pesos). Por su parte, Gaspar Ladrón fue condenado a pasar seis años en el morro de La Habana. A partir de la sentencia el alguacil y el recaudador de alcabalas se hicieron cargo del real minero hasta la llegada de un nuevo alcalde.
Al igual que otros documentos existentes en los archivos mexicanos y españoles, este caso es tan solo una muestra de los excesos y contravenciones perpetrados por los representantes locales del “gobierno de la justicia” en Nueva España. El estudio del gobierno provincial dentro de la Monarquía católica es una aproximación complementaria con otros campos de análisis como es el caso de la historia global. A partir del problema de escala (Giovanni Levi, “Un problema de escala”, 2003) hay que dimensionar el gobierno imperial hispano desde su expresión mínima, es decir, desde la óptica de aquellos que gobernaron los pueblos y villas americanos. Los estudios de grandes procesos puede ser ponderado con ejemplos microhistóricos o “estudios de caso”, los cuales revelan la profundidad de las prácticas sociales (Sergio T. Serrano Hernández, La golosina del oro, 2019), incluyendo las prácticas de gobierno en el antiguo régimen.
Estas notas preliminares son una invitación para emprender un análisis de distintos casos del panorama judicial y político de las provincias de Nueva España. Por medio de la observación de las formas cotidianas de gobernar se puede apreciar cómo se creó un imperio cuyas formas de gobierno, lejos de ser monolíticas, se adaptaban a las circunstancias locales (Martin Austin Nesvig, Promiscuous Power, 2018), a tal grado que se traslaparon con los intereses personales de los alcaldes mayores, aparentes “agentes del imperio”, que solían velar por sus intereses y –en ocasiones– por los “reales intereses de Su Majestad”.
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