“El archivo de la Reacción” y el debate sobre los usos políticos de la Historia

por Alicia Salmerón

Durante los últimos meses de 1917 y los primeros de 1918, en la ciudad de México, El Universal publicó una sección titulada “El Archivo de la Reacción” –este era un periódico de amplia circulación, dirigido por Félix Palavichini, hasta unos meses antes miembro del gabinete del presidente Venustiano Carranza. En aquella sección de título tan peyorativo como sugerente se publicaron una centena de cartas provenientes del archivo personal de un importante político porfirista entonces en el exilio: Pablo Macedo. Eran cartas cruzadas entre mayo de 1911 y julio de 1912 con su hermano Miguel y antiguos correligionarios que habían caído en desgracia precisamente en mayo de 1911, al triunfo de la revolución maderista.

Entre los corresponsales estaban prominentes políticos porfiristas como Ramón Corral, José Yves Limantour y Rosendo Pineda. La correspondencia era una lectura porfirista de la primera etapa de la revolución mexicana, de la encabezada por Francisco I. Madero: se trataba de una revisión crítica de la actuación de algunas figuras destacadas del antiguo régimen, así como una reprobación del movimiento rebelde y de sus intentos por gobernar.

Las cartas habían sido robadas de la casa de Pablo Macedo y fueron publicadas sin su permiso por El Universal. El representante legal del dueño interpuso y ganó una demanda por violación de derechos de propiedad literaria. Las cartas dejaron de publicarse y el dueño recibió una indemnización económica que donó para obras de beneficencia.

Más allá del innegable interés histórico que hoy, a más de cien años de distancia, tienen esas cartas, me interesa rescatar aquí el debate suscitado en el momento, en la propia prensa, acerca de la naturaleza de la Historia y la justificación de sus usos políticos.

Destacan los argumentos de un par de los personajes que participaron en ese debate en apoyo a El Universal: Pastor Rouaix y Luis Cabrera.  El primero de ellos, entonces  Secretario de Fomento, y quien había sido destacado constituyente en 1916-17 –con participación directa en la redacción del artículo 27 constitucional–, argumentó que las cartas tenían un interés histórico y uno político. Su publicación se justificaba por el conocimiento que hacían posible de las posturas políticas de los “científicos”, responsables del mal gobierno anterior y enemigos de la revolución; pero también tenían interés político de mostrar cómo se había maquinado contra la revolución y prevenir nuevos embates, lo cual era de interés nacional. Y en ambos casos, el origen ilegal de las cartas publicadas carecía de relevancia, pues “el interés nacional –decía– está muy por encima del interés privado”. Este argumento había estado en la base del proyecto de reforma agraria y se aplicaba aquí con la misma contundencia.

Por su parte, Luis Cabrera –furibundo anti-científico, maderista y miembro del gabinete de Carranza hasta unos meses antes de la publicación– sostuvo abiertamente que “El Archivo de la Reacción” era un testimonio histórico que se daba a conocer con finalidades políticas: identificar, exhibir y desprestigiar a los antiguos porfiristas para evitar su regreso del exilio; asestar un golpe a los movimientos contrarrevolucionarios; y afirmar la justicia de la revolución. Posturas como las de Cabrera se replicaron. Sostuvieron prácticamente que la Historia era un tribunal y su razón de ser era pedir cuentas a los actores del pasado. De esta suerte, publicar las cartas en aquel momento, sin importar su origen era un compromiso con el conocimiento del pasado y, con él, con la justicia.

Los agraviados –los hermanos Macedo– defendieron su derecho legal a la propiedad de las cartas y a no hacerlas públicas. Pero también sostuvieron que la Historia debía ser un ejercicio de análisis para la comprensión de un proceso pasado, no un instrumento político para combatir a supuestos enemigos.

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