por Mónica Quiroz Espinoza
Seguramente, las personas que pertenecemos a la generación millennial, recordamos la Segunda Guerra Mundial por el apabullante número de series de televisión (Band of Brothers (2001), Hitler: The Rise of Evil (2003); documentales (World War II HD Colour (2009), Apocalypse: The Second World War (2009); películas (Captain America: The First Avenger (2011), Jojo Rabbit (2019); y video juegos (Battlefield 1942 (2002), Call of Duty: WWII (2017). Estas manifestaciones de la cultura popular han sido, en su mayoría, producciones norteamericanas y tienen lugar en el viejo continente. Escasamente se habla de las acciones que tomaron los países de América Latina ante la amenaza nazifascista. Probablemente, porque su intervención en el conflicto fue mínima. Sin embargo, el trabajo de las naciones latinoamericanas fue construir un muro de contención ante la que parecía ser una inminente invasión nazifascista en el continente.
Desde 1933 en Montevideo, Uruguay, hasta 1940 en la Habana, Cuba, se recomendó en los diferentes congresos continentales (1936, Buenos Aires, Argentina, 1938, Lima, Perú, 1939 en Panamá, Panamá), estar atentos a los posibles espías que pudieran infiltrase en los gobiernos democráticos y desestabilizarlos, porque se pensaba que así había caído Europa y las colonias africanas en manos fascista. A medida que las victorias nazis se multiplicaban, el estado de alerta se intensificaba en el hemisferio occidental.
En México, el presidente, general Manuel Ávila Camacho, tenía la encomienda de defender el territorio nacional. Lo que resultaba ser una tarea difícil, ya que, los grupos opositores de la familia revolucionaria eran numerosos. Entre los más destacados se encontraba la Unión Nacional Sinarquista (UNS), que se manifestaba públicamente en contra de las políticas cardenistas de: educación socialista, el reparto de tierras y el derecho de huelga de los trabajadores. Se decía que estaba influenciados por los falangistas españoles que eran ultracatólicos y totalitarios. Así como los comunistas mexicanos seguidores de la tercera internacional stalinista. Sin olvidar que en el territorio nacional habitaban alemanes, italianos y japoneses, sin que la población supiera a ciencia cierta si eran aliados de los totalitarios, se sospechaba que podrían ser espías.
Ante la paranoia que despertaban los sucesos internacionales, en 1941 Ávila Camacho envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que proponía reformar el Código Penal Federal para proteger el territorio nacional de los enemigos de la democracia. Las cámaras lo aprobaron después de ajustes menores. El delito de disolución social (artículo 145) castigaba a las personas que, de manera hablada o escrita, apoyaran la intervención de regímenes extranjeros, en especial fascistas y nazis; también prohibía las manifestaciones que reunieran una gran cantidad de personas por considerar que perturbaban el orden público y producían actos de rebelión, sedición, asonada y/o motín; además de vulnerar la soberanía de la nación y obstaculizar el normal funcionamiento de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, muchos de estos actos se castigaban como traición a la patria desde el Código Penal Federal de 1871.
El artículo 145 se ha inmortalizado como una de las herramientas jurídicas más peligrosas de la segunda mitad del siglo XX en México. Se entiende como un crimen que nació por y para la represión de movimientos sociales, sin embargo, su creación responde a las caóticas situaciones globales durante la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, la manera en que la autoridad utilizó el tipo penal construyó su leyenda negra. Los juristas de la década de 1940 lo previnieron, para ellos, la torpe redacción del tipo penal y su evidente violación a las garantías individuales lo convertiría en un arma fascistoide en contra de la democracia.
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