por Alexis Ricardo Hernández López
La época del Segundo Imperio Mexicano estuvo marcada por una estrecha relación entre el gobierno de Maximiliano de Habsburgo y los pueblos indígenas. Desde su arribo a México en mayo de 1864 —gracias a la segunda intervención francesa—, el emperador buscó establecer una comunicación directa con los grupos originarios para conocer la situación en que vivían, ayudarlos a solucionar sus problemas y obtener su respaldo. Para ello, recibió en el castillo de Chapultepec a representantes de diferentes comunidades de indios y creó la Junta Protectora de las Clases Menesterosas el 10 de abril de 1865. Cabe señalar que indio fue el término empleado por las autoridades gubernamentales durante el siglo XIX para denominar a las comunidades indígenas y que en este trabajo las palabras indios e indígenas son utilizadas como sinónimos.
Esta institución tuvo por objetivo recibir y atender las quejas y solicitudes de los menesterosos, es decir, de aquellas personas que no contaban con los recursos suficientes para vivir, entre quienes se encontraban la mayoría de los indígenas. En ese sentido, la Junta Protectora elaboró diferentes proyectos de ley para mejorar las condiciones de vida de los sectores desprotegidos y emitió recomendaciones a las autoridades imperiales para que actuaran en favor de la justicia de los grupos vulnerables.
La política proteccionista del Segundo Imperio generó una gran esperanza entre los pueblos indígenas, pues parecía que por fin serían escuchados por las autoridades gubernamentales, por lo que se apresuraron a enviar por escrito sus peticiones a la Junta Protectora. Hasta ese momento los gobiernos del México independiente habían ignorado casi siempre los problemas de las comunidades de indios, salvo cuando debatían cómo incluir a ese sector de la población en el Estado-nación que se estaba construyendo.
Entre las dificultades padecidas por los grupos originarios destacaba la usurpación de sus terrenos comunales por parte de hacendados. Esta situación se vio favorecida por los esfuerzos llevados a cabo por los liberales republicanos para desaparecer la tenencia colectiva de la tierra, que no podía venderse ni enajenarse. Desde el punto de vista liberal, la tierra era la principal riqueza del país y debía permitirse su circulación a través de su compra y venta, para lo cual los indígenas tenían que convertirse en propietarios privados.
Sin embargo, la mayoría de los pueblos indígenas rechazaron el régimen de propiedad privada por considerarlo ajeno a sus costumbres o bien, porque no les permitiría cultivar lo necesario para subsistir. En consecuencia, en las peticiones que las comunidades de indios dirigieron a la Junta Protectora demandaron primordialmente la devolución de sus tierras y su derecho a poseerlas de forma comunal. Asimismo, expresaron su lealtad a Maximiliano y al Segundo Imperio, así como su repudio contra el gobierno republicano de Benito Juárez.
No obstante, la esperanza de las comunidades de indios se vio quebrantada en poco tiempo. En primer lugar, el Segundo Imperio continuó la política liberal de intentar convertir a los indígenas en propietarios privados a través de la Ley sobre Terrenos, del 26 de junio de 1866. En segundo, muchos pueblos no contaban con títulos de propiedad que los acreditaran como dueños de las tierras que reclamaban —requisito indispensable para que la Junta Protectora actuara en su favor—, por lo que sus solicitudes no procedieron.
Finalmente, el retiro de las tropas francesas de México por órdenes de Napoleón III, ocasionó la caída del Segundo Imperio y el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio de 1867. Tras esto, las instituciones imperiales desaparecieron, incluyendo la Junta Protectora, por lo que las peticiones enviadas a ella por los pueblos indígenas jamás fueron resueltas.
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