por Rodrigo Moreno Elizondo
Una historia de rebeldía juvenil frente a la pulsión de control la encontré en los festivales de música contracultural, como referí al comenzar estas entregas. La contracultura canalizó múltiples prácticas e identidades alternativas juveniles en las décadas de 1960 y 1970. Alcanzó un vehículo hacia las masas en el rock y los festivales musicales. A ello contribuyó el desarrollo de una red de producción, distribución y consumo de la música como mercancía que facilitó su reproducción y escucha ampliada. La represión gubernamental a la disidencia política y a la contracultura acercó ambos fenómenos en festivales musicales como Avándaro y Monterrey en 1971, canalizando una parte del descontento posterior al movimiento estudiantil-popular de 1968. De ahí que en lo sucesivo el gobierno decidió intentar cooptar, luego controlar y finalmente prohibir cualquier actividad como ésta. La historia de hoy se escabulló en una pequeña grieta entre esa voluntad general de control y el mecanismo que constituía el INJUVE.
En 1974 personal directivo del INJUVE en Puebla organizó un festival musical de rock en las orillas del lago de Valsequillo. Faustino Óscar Vázquez Jiménez, presidente de la institución en la localidad, solicitó permiso a las autoridades poblanas y municipales de San Juan Tzicatlacoyan, pero ante el rechazo buscó solución en el Distrito Federal. Ante una nueva negativa recurrió a un amparo y con él promovió la propaganda por radio y televisión, la logística con más funcionarios locales y alcanzó una venta de 25 000 boletos para el 14 y 15 de septiembre. Las inmediaciones constituían un amplio espacio ideal para prácticas contraculturales como el naturismo, la meditación, yoga, el nudismo, el consumo ritual y no ritual de drogas e incluso para la protesta encubierta.
Al enterarse del festival diversos niveles de gobierno desarticularon el evento. Detuvieron a los comisionados de logística para la energía eléctrica mientras la transportaban antes de encontrarse con Abel Cerón San Nicolás, dirigente estatal del INJUVE, y Juan Gómez Solís, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del INJUVE. Los detenidos fueron Javier Palacios Salas, presidente de la Comisión Nacional de Acción Política del Consejo Nacional Directivo del INJUVE, Antonio Cabrera Ramírez, Alberto González Cejudo y Daniel Velasco Pérez. Además, el día del evento la policía desalojó a los asistentes que ya estaban instalados en el lago, detuvo 27 camiones que transportaban a cientos de jóvenes desde la Ciudad de México y bloqueó el ingreso de más camiones. Aquellos jóvenes que se resistieron y permanecieron en el sitio fueron remitidos a la cárcel municipal, para luego ser liberados y otros enviados de vuelta a la capital del país. Los que lograron librar la represión retornaron hacia la ciudad de Puebla en pequeñas caravanas a lo largo de la carretera.
La investigación identificó a los promotores como dirigentes del INJUVE local. Pero lo anterior no los eximió de responsabilidad pues, con excepción de Daniel Velasco Pérez, fueron consignados acusados del delito de fraude e investigados por delitos contra la salud utilizando las drogas decomisadas a los asistentes del evento. El castigo recibido por los organizadores dio cuenta de los temores respecto de las reuniones juveniles multitudinarias y politizadas y de las manifestaciones contraculturales diversas propias de la identidad juvenil de la época. También evidenció los desbordes de los funcionarios de la propia institución que debían coadyuvar al control juvenil y en la práctica contribuían a su rebeldía contracultural. Éste no fue el único caso de autonomía juvenil frente a las estructuras e instituciones de control vigentes.
BLOG ATARRAYA 