por Anaximandro Pérez Espinoza
Carlos Ernesto Saldaña compartió recientemente algunas líneas de reflexión en este espacio (https://blogatarraya.com/2023/06/26/las-comandancias-generales-en-mexico-siglo-xix/#respond). En ellas destacó la importancia que tiene el estudio de las comandancias generales –particiones de los ejércitos– a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX mexicano. Y es que, a mi ver, su planteamiento es acertado en tanto que indica una concentración regional efectiva de poderes de todo tipo en torno a los jefes que estuvieron al frente de ellas por varios años (señaladamente en los casos que expone), y en tanto que sugiere la posibilidad de que dicha regionalización descentralizara el control del gobierno, permitiendo que lo militar ritmara la política del México independiente.
Esa propuesta ha sido trazada por la historiografía, al menos por la producción historiográfica social de la guerra civil de Independencia de Nueva España (que es la que yo conozco). Autores como Juan Ortiz Escamilla, Christon I. Archer, Brian R. Hamnett, José A. Serano Ortega, Rodrigo Moreno Gutiérrez, Joaquín E. Espinosa Aguirre, entre otros, han estudiado a profundidad el desarrollo social, territorial y político de las fuerzas de guerra presentes en varias de esas comandancias. Este tipo de trabajos logran ilustrar cómo los militares se apoderaron de la política en las regiones, manejando a su ver y entender –si bien autorizados por el virrey– los asuntos locales de todos los géneros: así lo justificaba la situación de guerra y el interés virreinal de pacificar los países. Otros autores, en cambio, especialmente Ernest Sánchez Santiró y Carlos A. Díaz Martínez, han demostrado que la concentración de poderes en torno a los mandos descentralizados que implicaban los diferentes comandantes se extendió igualmente sobre el ámbito del financiamiento y suministro de los recursos para la guerra. Díaz demuestra en su tesis doctoral, por ejemplo, que los militares “usurparon” también el poder hacendario, cobrándose sus guerras libremente en sus regiones.
En lo que toca a la guerra novohispana, entonces, es posible proponer que las concentraciones regionales de poderes omnímodos en manos de militares y la indispensable autonomía táctica que se requirió para combatir al insurgente sin esperar una respuesta de la ciudad de México (que podía tardar días o semanas enteras), condujeron progresivamente a un divorcio entre los intereses propios de cada comandancia y los intereses del gobierno central virreinal. Este divorcio pudo ser el punto de partida, la condición propicia para que en un momento determinado como lo fue el de Agustín de Iturbide en 1821, las riendas del reino fueran tomadas a la fuerza por los jefes de las distintas regiones militarizadas.
En todo caso, en la primera mitad del siglo XIX, y esto podría funcionar como punta de hipótesis para las comandancias durante y después de la Guerra de Independencia, la concentración de poderes en la región se encontraba de antemano condicionada por circunstancias sociales y materiales muy precisas (o regionales). Una de ellas, que podría ofrecer claves de lectura interesantes en el sentido de la propuesta de Carlos E. Saldaña, podría ser la distancia entre los mandos provinciales, e incluso locales, y las diferentes administraciones centrales de México. En aquel tiempo, los trayectos o las comunicaciones prácticamente sólo se podían cubrir a pie, a caballo o sobre vehículos tirados por bestias. Este problema imposibilitaba una comunicación rápida o completa entre uno y otros puntos, o lo que es lo mismo, en destinos lejanos el militar queda necesariamente sin vigilancia y puede resolver según su criterio cualquier circunstancia que se le presente.
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